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La investigación jurídica tiene una importancia clave en la calidad de la educación superior y, por ende, en los procesos de formación pedagógica de los profesionales del derecho. Este artículo analiza el sistema de evaluación que el Ministerio de Ciencias de Colombia utiliza para categorizar la investigación jurídica publicada en
libros. Con base en los métodos analíticos y empíricos, examina cómo este sistema vulnera varios derechos fundamentales y garantías legales. También controvierte la ineptitud e inequidad del modelo de evaluación, su discordancia con la cultura de la profesión jurídica y su impacto para condicionar la investigación. Finalmente, reflexiona sobre las repercusiones de la evaluación en el campo de la educación y la formación jurídicas.